LOS DEFENSORES

La violencia contra la mujer en la ciudad de Lima Metropolitana es uno de los mayores problemas a nivel nacional y mundial. Por ello, en la búsqueda de soluciones, analizamos una propuesta realizada por las Naciones Unidas con el nombre de Plan de Acción Mundial (2006). Este plan fue aplicada en la ciudad de México, donde se obtuvo buenos resultados; sin embargo, en el Perú solo se convertiría en un plan poco viable y, por eso, no estamos de acuerdo.

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Un primer factor que impide un buen resultado de la propuesta es la incapacidad del Estado en su rol de organismo regulador. En la publicación de Diana Portal Farfán (2018), comisionada de la Adjunta para los Derechos de la Mujer, se precisó que tras un análisis de los últimos 3 años, no existe relación de proporcionalidad entre las denuncias de feminicidio y las condenas ejecutadas por las entidades jurídicas. Por ejemplo, en el 2014 se procesaron cien casos, pero solo 3 de dichos casos recibieron la sentencia verdadera; es decir, unicamente el 3% de los casos registrados en el 2014, recibieron la condena acorde a la infracción. En el 2015, solamente se evidenciaron 23 de 103 casos investigados y en el 2016, la cifra fue de 31%. Del mismo modo, en los casos evidenciados, existe una desigualdad de los derechos humanos, de las víctimas mujeres de feminicidio o intento de feminicidio. Por esta razón, jurídicamente es muy complicado tener un sistema de justicia eficaz y rápida, el Plan de Acción Mundial, que evite la impunidad del agresor.

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Otro factor por el cual la propuesta de Plan de Acción Mundial es difícil de ejecutar, en Lima, es porque hay una cantidad escasa de organizaciones reconocidas por el Estado, que defienden a la mujer. Según la publicación de Anahí Durand Guevara, en el proyecto “Mujeres y sus organizaciones propician políticas públicas locales y nacionales en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades” (2009), se plantea un objetivo común, que se basa en incorporar propuestas políticas públicas, normas y proyectos que beneficien a la mujer. Sin embargo, se evidenció una falta de apoyo en dicha elaboración de normas y estándares por los procesos políticos. En el 2006, se presentó una coyuntura de normas y estándares, pero no fue favorable para la firma de actas de compromiso, pues las autoridades no se pronuncian de la manera adecuada a favor de la importancia de desarrollar ideas políticas, cuyo enfoque sea el beneficio de las mujeres. Por ello, la carga de las labores de subsistencia comunitaria, de los problemas domésticos veían disminuidas sus posibilidades de afirmar un protagonismo social; es decir, no permiten a las mujeres trabajar en condiciones óptimas, al no contar con las herramientas para sustentar sus proyectos y propuestas. Esto dificulta la incorporación de propuestas en políticas públicas, normas y proyectos a favor de la mujer.

Por lo expuesto en el texto, se entiende que el Plan de Acción Mundial que consta de leyes para el beneficio de las mujeres se torna complicado en el Estado peruano, ya que es incapaz de asumir su obligación como organismo regulador. Además, es escaso el apoyo en la elaboración de normas para las organizaciones de mujeres, que exigen sus derechos.